(Texto íntegro de un amigo)
Por
Claudio Palma Mancilla. [1]
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como órgano autónomo de la
Organización de Estados Americanos (OEA) para la promoción, protección y
defensa de los derechos humanos en nuestro continente, ha trabajado por décadas
en la conformación de un tipo de derecho internacional que logre subsanar
algunas las falencias, corrupción y decadencias que demuestran cada vez más los
sistemas judiciales y jurídicos de los Estados. Dicho trabajo se fundamenta en
la autorización dada en 1965 a la Comisión para “recibir y procesar denuncias o
peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegaban violaciones a los
derechos humanos” y, sobre todo, en la aprobación de la Convención Americana de
Derechos Humanos en 1969 y su posterior entrada en vigor en 1978. El texto de
la Convención establece los derechos humanos que los Estados ratificantes
(entre ellos Chile) deben respetar y garantizar, crea la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y define las atribuciones y los procedimientos que regulan
sus actividades.
Muchos
chilenos han acudido en los últimos 25 años a la Corte Interamericana a
reclamar por derechos que el Estado no ha promovido, protegido y defendido; lo
que implica que, en estos casos, el sistema judicial ha caído previamente en
injusticias y violación de derechos, principalmente hacia las víctimas y sus
familiares, demostrando elocuentemente sus falencias y decadencia a pesar de la
aparente vigencia del estado de derecho sin contrapeso. Uno de los derechos
fundamentales asegurado en la Convención es el derecho a la verdad. En principio la Comisión avanzó en la
protección del derecho de las familias de víctimas a conocer qué pasó y cómo
ocurrió la desgracia que los afecta, pero con el paso de los juicios la
interpretación se amplió, reconociéndose que “el derecho a la verdad pertenece
a las víctimas y sus familiares y también a la sociedad en general”.
El
Derecho a la Verdad es lo que justamente reclama y exige, entre otros
derechos, la familia de René Palma Mancilla al estado chileno, a su sistema
judicial y a todos quienes han participado o se han involucrado en este caso.
Derecho a la verdad y también a la verdadera justicia que aún no avisa su
llegada. No sólo por ser familiares de la víctima, sino también como miembros
responsables de la sociedad y su mejoramiento, con conciencia ciudadana y con
el afán de proteger a quienes queremos. A la familia de René la respalda su
categoría moral, sus vidas de sacrificio, su decisión y su compromiso con la
justicia y la verdad en todos estos años.
El
recuento dice que René Palma Mancilla falleció al finalizar la jornada
conmemorativa de la muerte de los hermanos Vergara en Villa Francia. En esos
días de finales de marzo de 2008, se criticaba la deficiencia y negligencia del
sistema de auxilio y socorro del Estado chileno (a cargo de Carabineros –además
de una flagrante contradicción en declaraciones sobre el hecho que incluso
desmintieron al mismo general Bernales, quién aseguró que no hubo conocimiento
de un ciudadano herido por parte de la institución– y los servicios de salud)
para salvar la vida de un ciudadano que esperó por varias horas la llegada de
quienes debieron acudir en su auxilio y que, finalmente, no llegaron. Por ese
motivo, y debido a la información dada por uno de sus funcionarios municipales
(quién también dio aviso a la policía) tuvo que ser rescatado por el entonces
alcalde de la Comuna de Cerrillos en su vehículo particular. En esos mismos
días, la noticia de René contrastaba con la de la hija de un miembro de la
clase política que, habiendo caído a la piscina de su casa, fue rescatada en
pocos minutos con toda la fuerza que el mismo estado no demostró en el caso de
Palma Mancilla. Con razón Boaventura de Souza Santos, uno de los intelectuales
más destacados de nuestra época, ha distinguido en las sociedades neoliberales
como la nuestra, la vigencia de un “fascismo societal” que se expresa, por
ejemplo, en la existencia de “zonas civilizadas” –donde el estado actúa con fuerza,
dinamismo y eficiencia– y otras “zonas salvajes” –donde el estado es débil e
ineficiente–.
Hablamos
entonces no solo del Derecho a la Verdad, sino también al derecho
inalienable a la protección de la vida y la posterior justicia
por parte de los tribunales.
Estos
largos y dolorosos años para los familiares de la víctima (desde fines del
gobierno de Bachellet y todo el de Piñera) se han caracterizado por la falta de
diligencia judicial (reflejado en cambios permanentes y cíclicos de los
fiscales a cargo de la investigación), por la permanente desidia y un oscuro
interés en la inercia que deja pasar el tiempo evitando los “costos políticos
en el corto plazo” (que podrían haber puesto una mancha al traje nuevo que ofrecía la “Nueva Mayoría”), por la tardanza que
esto lleva aparejado y por la falta de compromiso y decisión de las autoridades
de avanzar en el asunto (en un inicio se siguió preferentemente una pista que
permitía infiltrar “grupos activos” de la Villa Francia). Parece curioso
entonces que la misma semana que la presidenta Bachellet asumió su segundo
mandato, noticia que dominó (distrajo) la atención de la opinión pública, la
justicia chilena dejó sin responsabilidad penal a quienes la Fiscalía había
identificado como responsables de “obstrucción a la justicia”, o sea los
sujetos que acompañaban a René la noche en que fue baleado en el tórax. Se
indicó que dichos sujetos podían mentir al ser “inculpados”; sentencia que se
contradice con el estatus de “testigos” que los mismos sujetos tenían durante
las primeras etapas de la investigación llevada a cabo por la Brigada de
Homicidios (PDI) que comenzaron en abril de 2008. Es decir, después de ya siete
años, el crimen en contra de René Palma Mancilla aún no es esclarecido: prueba
fehaciente de la falta de verdad y del difícil acceso a una verdadera justicia
por parte de los familiares de la víctima.
Hace
algunas décadas que la Comisión Interamericana señaló que el derecho a la
verdad “surge de la obligación que tiene el estado de usar todos los medios a
su alcance para investigar seriamente las violaciones cometidas en su
jurisdicción a fin de identificar a los responsables”, cuestión que emana de la
sentencia de la Corte Interamericana en el caso Velásquez Rodríguez, de Julio
de 1988. Se adiciona a esto la experiencia del caso presentado por parte de
ciudadanos chilenos que fueron desaparecidos por la Dictadura (Alfonso Chanfeau
y otros), en los cuales la Comisión “consideró que el Estado había violado,
entre otros, el derecho de las familias de las víctimas y de la sociedad a
conocer la verdad acerca de lo ocurrido en Chile”. Asimismo, se indicó que la sociedad “tiene el derecho
inalienable de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias
en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos
hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.” ¿Por qué no pensar en estas exigencias
para el caso de René Palma? Sobre todo si sabemos que aún no existen
responsables penales ni una justa, legal y necesaria verdad que traiga
aparejada la anhelada justicia.
Como
ciudadanos chilenos y como familiares de la víctima, exigimos al estado chileno
que asuma su responsabilidad y logre dotar de verdadera justicia en este caso,
puesto que después de siete años aún no es posible superar la sinrazón de su
partida. Además se exige al estado que asuma pronta y dignamente su
responsabilidad (la de sus funcionarios) por la negligencia en el socorro a una
persona con riesgo de vida en un lugar donde se supone (eso dicen las
autoridades), rige sin contratiempos el “estado de derecho”. Por último, se
exige a todos quienes estuvieron involucrados, supieron algo en su momento o
actuaron bajo el interés de la desidia u otros con un trasfondo más político,
se comprometan con el derecho inalienable a la verdad y colaboren en un asunto
que tiene mucho de humanidad y de honestidad. La clase política y de hoy –que
es la misma de hace siete o más años–, los jueces , parlamentarios y los
funcionarios del gobierno, deben pensar que la ya desatada crisis de la
política (la visibilidad latente de la corrupción que se aprecia en estos días)
y la crisis social que se manifiesta actualmente y desde hace décadas, se debe
precisamente a la falta de confianza de la ciudadanía en las formas con que el
Estado y sus aparatos (sistema judicial, policías, de seguridad social o salud)
se relacionan con quienes actuamos día a día en favor de la sociedad.
Dejándolos morir en una zona salvaje
como la Villa Francia una noche de protestas, con la privatización de los
derechos básicos como salud y educación o simplemente con la ausencia de una
verdad y una justicia que deberíamos hace mucho tiempo, y debido a nuestra
experiencia, se supone que habíamos aprehendido.
[1] Licenciado en Historia de la Universidad de Chile, Magister en Historia
Regional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México) y
estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), sede Occidente (México).
Las citas textuales provienen de la página web de la CIDH.
