Honestidad y derecho a la verdad: A 7 años de la muerte de René Palma Mancilla

(Texto íntegro de un amigo)

Por Claudio Palma Mancilla. [1]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en nuestro continente, ha trabajado por décadas en la conformación de un tipo de derecho internacional que logre subsanar algunas las falencias, corrupción y decadencias que demuestran cada vez más los sistemas judiciales y jurídicos de los Estados. Dicho trabajo se fundamenta en la autorización dada en 1965 a la Comisión para “recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegaban violaciones a los derechos humanos” y, sobre todo, en la aprobación de la Convención Americana de Derechos Humanos en 1969 y su posterior entrada en vigor en 1978. El texto de la Convención establece los derechos humanos que los Estados ratificantes (entre ellos Chile) deben respetar y garantizar, crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos y define las atribuciones y los procedimientos que regulan sus actividades.

Muchos chilenos han acudido en los últimos 25 años a la Corte Interamericana a reclamar por derechos que el Estado no ha promovido, protegido y defendido; lo que implica que, en estos casos, el sistema judicial ha caído previamente en injusticias y violación de derechos, principalmente hacia las víctimas y sus familiares, demostrando elocuentemente sus falencias y decadencia a pesar de la aparente vigencia del estado de derecho sin contrapeso. Uno de los derechos fundamentales asegurado en la Convención es el derecho a la verdad. En principio la Comisión avanzó en la protección del derecho de las familias de víctimas a conocer qué pasó y cómo ocurrió la desgracia que los afecta, pero con el paso de los juicios la interpretación se amplió, reconociéndose que “el derecho a la verdad pertenece a las víctimas y sus familiares y también a la sociedad en general”.

El Derecho a la Verdad es lo que justamente reclama y exige, entre otros derechos, la familia de René Palma Mancilla al estado chileno, a su sistema judicial y a todos quienes han participado o se han involucrado en este caso. Derecho a la verdad y también a la verdadera justicia que aún no avisa su llegada. No sólo por ser familiares de la víctima, sino también como miembros responsables de la sociedad y su mejoramiento, con conciencia ciudadana y con el afán de proteger a quienes queremos. A la familia de René la respalda su categoría moral, sus vidas de sacrificio, su decisión y su compromiso con la justicia y la verdad en todos estos años.

El recuento dice que René Palma Mancilla falleció al finalizar la jornada conmemorativa de la muerte de los hermanos Vergara en Villa Francia. En esos días de finales de marzo de 2008, se criticaba la deficiencia y negligencia del sistema de auxilio y socorro del Estado chileno (a cargo de Carabineros –además de una flagrante contradicción en declaraciones sobre el hecho que incluso desmintieron al mismo general Bernales, quién aseguró que no hubo conocimiento de un ciudadano herido por parte de la institución– y los servicios de salud) para salvar la vida de un ciudadano que esperó por varias horas la llegada de quienes debieron acudir en su auxilio y que, finalmente, no llegaron. Por ese motivo, y debido a la información dada por uno de sus funcionarios municipales (quién también dio aviso a la policía) tuvo que ser rescatado por el entonces alcalde de la Comuna de Cerrillos en su vehículo particular. En esos mismos días, la noticia de René contrastaba con la de la hija de un miembro de la clase política que, habiendo caído a la piscina de su casa, fue rescatada en pocos minutos con toda la fuerza que el mismo estado no demostró en el caso de Palma Mancilla. Con razón Boaventura de Souza Santos, uno de los intelectuales más destacados de nuestra época, ha distinguido en las sociedades neoliberales como la nuestra, la vigencia de un “fascismo societal” que se expresa, por ejemplo, en la existencia de “zonas civilizadas” –donde el estado actúa con fuerza, dinamismo y eficiencia– y otras “zonas salvajes” –donde el estado es débil e ineficiente–.

Hablamos entonces no solo del Derecho a la Verdad, sino también al derecho inalienable a la protección de la vida y la posterior justicia por parte de los tribunales.

Estos largos y dolorosos años para los familiares de la víctima (desde fines del gobierno de Bachellet y todo el de Piñera) se han caracterizado por la falta de diligencia judicial (reflejado en cambios permanentes y cíclicos de los fiscales a cargo de la investigación), por la permanente desidia y un oscuro interés en la inercia que deja pasar el tiempo evitando los “costos políticos en el corto plazo” (que podrían haber puesto una mancha al traje nuevo que ofrecía la “Nueva Mayoría”), por la tardanza que esto lleva aparejado y por la falta de compromiso y decisión de las autoridades de avanzar en el asunto (en un inicio se siguió preferentemente una pista que permitía infiltrar “grupos activos” de la Villa Francia). Parece curioso entonces que la misma semana que la presidenta Bachellet asumió su segundo mandato, noticia que dominó (distrajo) la atención de la opinión pública, la justicia chilena dejó sin responsabilidad penal a quienes la Fiscalía había identificado como responsables de “obstrucción a la justicia”, o sea los sujetos que acompañaban a René la noche en que fue baleado en el tórax. Se indicó que dichos sujetos podían mentir al ser “inculpados”; sentencia que se contradice con el estatus de “testigos” que los mismos sujetos tenían durante las primeras etapas de la investigación llevada a cabo por la Brigada de Homicidios (PDI) que comenzaron en abril de 2008. Es decir, después de ya siete años, el crimen en contra de René Palma Mancilla aún no es esclarecido: prueba fehaciente de la falta de verdad y del difícil acceso a una verdadera justicia por parte de los familiares de la víctima.

Hace algunas décadas que la Comisión Interamericana señaló que el derecho a la verdad “surge de la obligación que tiene el estado de usar todos los medios a su alcance para investigar seriamente las violaciones cometidas en su jurisdicción a fin de identificar a los responsables”, cuestión que emana de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Velásquez Rodríguez, de Julio de 1988. Se adiciona a esto la experiencia del caso presentado por parte de ciudadanos chilenos que fueron desaparecidos por la Dictadura (Alfonso Chanfeau y otros), en los cuales la Comisión “consideró que el Estado había violado, entre otros, el derecho de las familias de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad acerca de lo ocurrido en Chile”. Asimismo, se indicó que la sociedad “tiene el derecho inalienable de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.” ¿Por qué no pensar en estas exigencias para el caso de René Palma? Sobre todo si sabemos que aún no existen responsables penales ni una justa, legal y necesaria verdad que traiga aparejada la anhelada justicia.

Como ciudadanos chilenos y como familiares de la víctima, exigimos al estado chileno que asuma su responsabilidad y logre dotar de verdadera justicia en este caso, puesto que después de siete años aún no es posible superar la sinrazón de su partida. Además se exige al estado que asuma pronta y dignamente su responsabilidad (la de sus funcionarios) por la negligencia en el socorro a una persona con riesgo de vida en un lugar donde se supone (eso dicen las autoridades), rige sin contratiempos el “estado de derecho”. Por último, se exige a todos quienes estuvieron involucrados, supieron algo en su momento o actuaron bajo el interés de la desidia u otros con un trasfondo más político, se comprometan con el derecho inalienable a la verdad y colaboren en un asunto que tiene mucho de humanidad y de honestidad. La clase política y de hoy –que es la misma de hace siete o más años–, los jueces , parlamentarios y los funcionarios del gobierno, deben pensar que la ya desatada crisis de la política (la visibilidad latente de la corrupción que se aprecia en estos días) y la crisis social que se manifiesta actualmente y desde hace décadas, se debe precisamente a la falta de confianza de la ciudadanía en las formas con que el Estado y sus aparatos (sistema judicial, policías, de seguridad social o salud) se relacionan con quienes actuamos día a día en favor de la sociedad. Dejándolos morir en una zona salvaje como la Villa Francia una noche de protestas, con la privatización de los derechos básicos como salud y educación o simplemente con la ausencia de una verdad y una justicia que deberíamos hace mucho tiempo, y debido a nuestra experiencia, se supone que habíamos aprehendido.

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[1] Licenciado en Historia de la Universidad de Chile, Magister en Historia Regional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México) y estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), sede Occidente (México). Las citas textuales provienen de la página web de la CIDH.